COMUNICADO DE PRENSA

CDH-CP6/99 ESPAÑOL

La Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró en su sede, en San José de Costa Rica, su XLIV Período Ordinario de Sesiones del 23 de mayo al 3 de junio de 1999. Durante este período de sesiones, la Corte conoció los siguientes asuntos:

1) Caso Cesti Hurtado (Perú): Fase de Fondo. El día 24 de mayo la Corte celebró una audiencia pública sobre el fondo en este caso, con el propósito de escuchar a un testigo propuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien declaró sobre el conocimiento que tienen de los hechos objeto de la demanda; a un testigo y a un perito propuestos por el Estado y los alegatos finales orales de la Comisión y del Estado del Perú .

La demanda en este caso, interpuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 9 de enero de 1998, se refiere a la supuesta violación, por parte del Estado peruano, de los artículos 5 (Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal), 8 (Garantías Judiciales), 11 (Protección de la Honra y de la Dignidad), 17 (Protección a la Familia), 21 (Derecho a la Propiedad Privada), 25 (Protección Judicial) y 51.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1 y 2 de la misma, como resultado de la detención, condena y privación de la libertad de la víctima, señor Gustavo Adolfo Cesti Hurtado, no obstante existir pronunciamiento definitivo en un proceso de hábeas corpus que ordena que se le aparte del mismo y que no se atente contra su libertad personal. La Comisión también solicitó a la Corte que requiera al Estado peruano que sancione a los responsables de las violaciones denunciadas; que ponga en libertad al señor Cesti Hurtado y que le pague una indemnización por el tiempo que ha estado detenido indebidamente y el daño que esto ha significado en su vida y patrimonio.

2) Caso Durand y Ugarte (Perú): Fase de Excepciones Preliminares. Durante este período de sesiones, la Corte deliberó y el 28 de mayo, dictó sentencia sobre las excepciones preliminares interpuestas por el Perú en este caso. Mediante dicha sentencia, la Corte decidió:

por seis votos contra uno,

1. Desestimar la primera excepción preliminar opuesta por el Estado del Perú.

por unanimidad,

2. Desestimar las excepciones preliminares segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima opuestas por el Estado del Perú.

3. Continuar con la tramitación del fondo del caso.

El Juez Vidal Ramírez hizo conocer a la Corte su Voto Disidente el cual acompañó la sentencia.

3) Caso Castillo Petruzzi (Perú): Fase de Fondo. Durante este período de sesiones, la Corte deliberó y el 30 de mayo, dictó sentencia sobre el fondo en este caso. Mediante dicha sentencia, la Corte decidió:

por unanimidad,

1. declara[r] que el Estado no violó, en el presente caso, el artículo 20 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

por unanimidad,

2. declara[r] que el Estado violó el artículo 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

por siete votos contra uno,

3. declara[r] que el Estado violó el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Disiente el Juez Vidal Ramírez.

por unanimidad,

4. declara[r] que el Estado violó el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

por unanimidad,

5. declara[r] que el Estado violó el artículo 8.2.b, c, d y f de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

por siete votos contra uno,

6. declara[r] que el Estado violó el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Disiente el Juez Vidal Ramírez.

por unanimidad,

7. declara[r] que, en el presente caso, no fue probado que el Estado haya violado el artículo 8.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

por siete votos contra uno,

8. declara[r] que el Estado violó el artículo 8.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Disiente el Juez Vidal Ramírez.

por unanimidad,

9. declara[r] que el Estado violó los artículos 25 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

por siete votos contra uno,

10. declara[r] que el Estado violó el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Disiente el Juez Vidal Ramírez.

por unanimidad,

11. declara[r] que el Estado violó los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

por unanimidad,

12. declara[r] que, en el presente caso, es innecesario considerar la presunta violación del artículo 51.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por parte del Estado.

por unanimidad,

13. declara[r] la invalidez, por ser incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, del proceso en contra de los señores Jaime Francisco Sebastián Castillo Petruzzi, María Concepción Pincheira Sáez, Lautaro Enrique Mellado Saavedra y Alejandro Luis Astorga Valdez y ordena[r] que se les garantice un nuevo juicio con la plena observancia del debido proceso legal.

por unanimidad,

14. ordena[r] al Estado adoptar las medidas apropiadas para reformar las normas que han sido declaradas violatorias de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en la presente sentencia y asegurar el goce de los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos a todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, sin excepción alguna.

por unanimidad,

15. ordena[r] al Estado pagar una suma total de US$10.000.00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América), o su equivalente en moneda nacional peruana, a los familiares de los señores Jaime Francisco Sebastián Castillo Petruzzi, María Concepción Pincheira Sáez, Lautaro Enrique Mellado Saavedra y Alejandro Luis Astorga Valdez, que acrediten haber hecho las erogaciones correspondientes a los gastos y las costas con ocasión del presente caso. Para efectos de este caso, se procederá de acuerdo al procedimiento descrito en el párrafo 224 de la presente sentencia.

por unanimidad,

16. [...] decid[ir] supervisar el cumplimiento con lo dispuesto en esta sentencia.

El Juez Vidal Ramírez hizo conocer a la Corte su Voto Parcialmente Concurrente y Parcialmente Disidente y el Juez de Roux Rengifo su Voto Concurrente, los cuales acompañaron la sentencia.

4) Caso Las Palmeras (Colombia) Fase de Excepciones Preliminares. El 31 de mayo la Corte celebró una audiencia pública sobre las excepciones preliminares interpuestas por el Estado de Colombia, en la cual escuchó los alegatos del Estado y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La demanda, presentada por la Comisión el 6 de julio de 1998 se refiere a la supuesta ejecución extrajudicial y a la posterior denegación de justicia por parte del Estado de Colombia cometida contra los señores Artemio Pantoja Ordóñez, Hernán Javier Cuarán Muchavisoy, Julio Milcíades Cerón Gómez, Edebraiz Cerón Rojas, William Hamilton Cerón Rojas y Hernán Lizcano Jacanamejoy o Moisés Ojeda. La Comisión interpuso la demanda con el objeto de que la Corte decida que Colombia violó los artículos 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos), 4 (Derecho a la Vida), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949.

5) Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni (Nicaragua): Fase de Excepciones Preliminares. El 31 de mayo la Corte celebró una audiencia pública sobre la excepción preliminar interpuesta por el Estado de Nicaragua en este caso. La Corte escuchó los alegatos del Estado de Nicaragua y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La demanda en el caso citado, interpuesta por la Comisión el 4 de junio de 1998, se refiere a la supuesta violación, por parte del Estado nicaragüense, de los artículos 1 (Obligación de Respetar los Derechos), 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno), 21 (Derecho a la Propiedad Privada) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de miembros de la Comunidad Indígena Mayagna (Sumo) Awas Tingni, debido a la falta de demarcación y de reconocimiento oficial del territorio de dicha comunidad. La Comisión también solicitó a la Corte, basada en el artículo 63.1 de la Convención Americana, la reparación de las consecuencias de las violaciones a los derechos objeto de su demanda.

6) Caso Suárez Rosero (Ecuador): Interpretación de Sentencia. La Corte deliberó y el 29 de mayo, basada en el artículo 67 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se pronunció sobre la demanda de Interpretación de la Sentencia sobre Reparaciones emitida por ésta en el presente caso. En su sentencia de interpretación, la Corte decidió:

por unanimidad,

1. Que la demanda de interpretación de la Sentencia de 20 de enero de 1999 en el caso Suárez Rosero, presentada por el Estado del Ecuador, es admisible.

2. Que los pagos ordenados por la Corte en la sentencia mencionada en favor de los señores Rafael Iván Suárez Rosero y Margarita Ramadán de Suárez se harán en forma íntegra y efectiva. Incumbe al Estado del Ecuador la obligación de aplicar los mecanismos necesarios para asegurar el cumplimiento de esta obligación de la manera más expedita y eficiente, en las condiciones y dentro del plazo establecidos en dicha sentencia y, particularmente, de adoptar las medidas adecuadas para asegurar que la deducción legal que efectúan las entidades del sistema financiero ecuatoriano a las transacciones monetarias no menoscabará el derecho de los beneficiarios de disponer de la totalidad de los montos ordenados en su favor.

3. Que el monto cuyo pago ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor de la menor Micaela Suárez Ramadán en la sentencia aludida, se colocará en el fideicomiso mencionado en el párrafo 107 de la misma en forma íntegra, y que dicho monto no está sujeto a tributo alguno al momento en que el fideicomiso se constituya, ni a retención alguna por concepto de impuestos.

4. Que los abogados del señor Suárez Rosero deben recibir, en forma íntegra y efectiva, el pago de las costas y los gastos ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia mencionada, y que dicho monto no estará sujeto, al momento del pago, a deducción ni carga tributaria algunas.

7) Medidas Provisionales James y otros (Trinidad y Tobago): Con relación a estas medidas provisionales se emitieron dos resoluciones, a saber:

El 25 de mayo de 1999 la Corte resolvió:

1. Respecto a las medidas provisionales ordenadas por la Corte el 29 de agosto de 1998:

a. Mantener las medidas provisionales ordenadas por la Corte en su resolución de 29 de agosto de 1998, en favor de Wenceslaus James, Anthony Briggs, Anderson Noel, Anthony Garcia, Christopher Bethel, Darrin Roger Thomas, Haniff Hilaire y Denny Baptiste. En relación al señor Anthony Briggs, mantener las medidas provisionales ordenadas en su favor hasta que la Corte, previo conocimiento de los informes sobre el estado actual de su caso, se pronuncie sobre el asunto.

b. Exhortar al Estado de Trinidad y Tobago a cumplir con la Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 29 de agosto de 1999 y conforme a ello, que informe cada quince días, el estado de las apelaciones y el programa de ejecuciones de Wenceslaus James, Anthony Briggs, Anderson Noel, Anthony Garcia, Christopher Bethel, Darrin Roger Thomas, Haniff Hilaire y Denny Baptiste y requerir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que envíe sus observaciones de estos informes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos dentro de los dos días siguientes a su recepción.

c. Exhortar al Estado de Trinidad y Tobago y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que informen inmediatamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre cualquier desarrollo significativo de las circunstancias relevantes de los casos de Wenceslaus James, Anthony Briggs, Anderson Noel, Anthony Garcia, Christopher Bethel, Darrin Roger Thomas, Haniff Hilaire y Denny Baptiste.

2. Respecto a la solicitud de la Comisión para la ampliación de las medidas provisionales en favor de 20 individuos:

a. Ratificar la Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 11 de mayo de 1999.

b. Requerir a la República de Trinidad y Tobago que adopte todas las medidas que sean necesarias para preservar la vida e integridad personal de los señores Wilberforce Bernard, Naresh Boodram, Joey Ramiah, Clarence Charles, Phillip Chotolai, George Constantine, Rodney Davis, Natasha De Leon, Mervyn Edmund, Alfred Frederick, Nigel Mark, Wayne Matthews, Steve Mungroo, Vijay Mungroo, Wilson Prince, Martin Reid, Noel Seepersad, Gangaleen Tahaloo, Keiron Thomas y Samuel Winchester, con el objeto de no obstaculizar el trámite de sus casos ante el sistema Interamericano.

c. Requerir al Estado de Trinidad y Tobago que incluya en los informes quincenales a que hace referencia el punto resolutivo 1.a, información sobre el estado de las apelaciones y el programa de ejecuciones de los señores Wilberforce Bernard, Naresh Boodram, Joey Ramiah, Clarence Charles, Phillip Chotolai, George Constantine, Rodney Davis, Natasha De Leon, Mervyn Edmund, Alfred Frederick, Nigel Mark, Wayne Matthews, Steve Mungroo, Vijay Mungroo, Wilson Prince, Martin Reid, Noel Seepersad, Gangaleen Tahaloo, Keiron Thomas y Samuel Winchester y requerir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que incluya sus consideraciones sobre esta Información en sus observaciones.

d. Requerir al Estado de Trinidad y Tobago y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que informen a la Corte Interamericana de Derechos Humanos inmediatamente sobre cualquier desarrollo significativo de las circunstancias relevantes de los casos de los señores Wilberforce Bernard, Naresh Boodram, Joey Ramiah, Clarence Charles, Phillip Chotolai, George Constantine, Rodney Davis, Natasha De Leon, Mervyn Edmund, Alfred Frederick, Nigel Mark, Wayne Matthews, Steve Mungroo, Vijay Mungroo, Wilson Prince, Martin Reid, Noel Seepersad, Gangaleen Tahaloo, Keiron Thomas y Samuel Winchester .

Los Jueces Cançado Trindade y de Roux Rengifo hicieron conocer a la Corte su Voto Concurrente, los cuales acompañaron la presente resolución.

El 27 de mayo de 1999 la Corte resolvió:

1. Ampliar las medidas provisionales ordenadas en el caso James y otros y ordenar a la República de Trinidad y Tobago tomar todas las medidas necesarias para preservar la vida de Peter Benjamin, Kevin Dial, Andrew Dottin, Anthony Johnson, Amir Mohlaw, Allan Phillip, Krishandath Seepersad y Narine Sooklal, con el objeto de no obstaculizar el trámite de sus casos ante el sistema interamericano.

2. Requerir al Estado de Trinidad y Tobago que incluya en sus informes quincenales a que hace referencia el punto resolutivo 1.B de la Resolución de la Corte de 25 de mayo de 1999 (supra Visto 1), información sobre el estado de las apelaciones y el programa de ejecuciones de Peter Benjamin, Kevin Dial, Andrew Dottin, Anthony Johnson, Amir Mohlaw, Allan Phillip, Krishandath Seepersad y Narine Sooklal y requerir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que incluya sus consideraciones sobre esta información en sus observaciones.

3. Requerir al Estado de Trinidad y Tobago y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que informen a la Corte Interamericana de Derechos Humanos inmediatamente sobre cualquier desarrollo significativo de las circunstancias relevantes de los casos de los señores Peter Benjamin, Kevin Dial, Andrew Dottin, Anthony Johnson, Amir Mohlaw, Allan Phillip, Krishandath Seepersad y Narine Sooklal.

8) Caso Loayza Tamayo (Perú): Interpretación de Sentencia. La Corte deliberó y el 3 de junio, basada en el artículo 67 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se pronunció sobre la demanda de Interpretación de la Sentencia sobre Reparaciones emitida por ésta en el presente caso. En su sentencia de interpretación, la Corte decidió:

por unanimidad,

1. Que la demanda de interpretación de la Sentencia de 27 de noviembre de 1998 en el caso Loayza Tamayo, interpuesta por el Estado del Perú, es admisible únicamente en lo que se refiere al pago por concepto de los honorarios y los gastos ordenados en favor de la señora Carolina Maida Loayza Tamayo.

2. Que la señora Carolina Maida Loayza Tamayo debe recibir íntegramente y efectiva, el pago de honorarios y gastos ordenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia mencionada, y que dicho monto no estará sujeto, al momento del pago, a deducción ni carga tributaria.

9) Medidas Provisionales Caballero Delgado y Santana (Colombia): La Corte estudió los informes presentados por el Estado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y emitió una resolución que decidió:

1. Levantar y dar por concluidas las medidas provisionales ordenadas el 16 de abril de 1997 en favor de los señores Guillermo Guerrero Zambrano y Javier Páez.

2. Mantener las medidas provisionales ordenadas el 16 de abril de 1997 en favor de los señores María Nodelia Parra, Gonzalo Arias Alturo y Élida González Vergel.

3. Requerir al Estado de Colombia que, en su próximo informe, presente una relación detallada de las medidas que ha adoptado en razón de los recientes cambios en la situación de los señores Gonzalo Arias Alturo y Élida González Vergel. Asimismo, que presente en dicho documento información específica sobre la participación de los beneficiarios en las decisiones relacionadas con el cumplimiento de lo ordenado por la Corte.

10) Medidas Provisionales Colotenango (Guatemala): La Corte estudió los informes presentados por el Estado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y emitió una resolución que decidió:

1. Requerir al Estado de Guatemala mantener las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de las personas en cuyo favor la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó medidas provisionales en sus resoluciones de 22 de junio y 1¼ de diciembre de 1994 y 19 de septiembre de 1997.

2. Requerir al Estado de Guatemala que investigue los hechos denunciados que dieron origen a las presentes medidas con la finalidad de descubrir a los responsables y sancionarlos.

3. Requerir al Estado de Guatemala que, con carácter urgente, informe sobre los mecanismos alternos que, como consecuencia de los hechos suscitados el 30 de abril de 1999, sean adoptados para dar cumplimiento de una manera efectiva a las medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

4. Requerir al Estado de Guatemala que dé participación a los peticionarios en la planificación e implementación de las medidas a que se refiere el punto anterior y que, en general, les mantenga informados sobre el avance de las medidas dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

5. Requerir al Estado de Guatemala que continúe presentando sus informes sobre las medidas provisionales tomadas cada dos meses y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presente sus observaciones a dichos informes dentro de un plazo de seis semanas a partir de su recepción.

11) Medidas Provisionales Cesti Hurtado (Perú): La Corte estudió los informes presentados por el Estado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y emitió una resolución que decidió:

1. Requerir al Estado del Perú que adopte las medidas provisionales que sean necesarias para asegurar la integridad física y psíquica de los señores Carmen Judith Cardó Guarderas, Margarita del Carmen Cesti Cardó y Gustavo Cesti Cardó.

2. Requerir al Estado del Perú que investigue los actos denunciados por la señora Carmen Judith Cardó Guarderas que motivaron la presente ampliación de medidas provisionales.

3. Requerir al Estado del Perú que en los informes periódicos que presenta sobre el estado de las medidas provisionales decretadas en este caso, incluya una relación detallada de las medidas de protección y prevención adoptadas en favor de los señores Cardó Guarderas y Cesti Cardó.

12) Nuevo Caso: La Corte conoció de la interposición, por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de un nuevo caso (Hilaire contra la República de Trinidad y Tobago). La demanda en el caso citado (No. 11.816) se refiere a las supuestas violaciones de los siguientes artículos de la Convención Americana: 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la Integridad Personal); 7 (Derecho a la Libertad Personal) y 25 (Protección Judicial), todos en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, como consecuencia del arresto, detención y condena a muerte impuesta al señor Haniff Hilaire por haber cometido el delito de homicidio, con base en una ley que, según la Comisión, impone la pena de muerte obligatoria a toda persona culpable de haber cometido dicho delito.

13) Otros asuntos: La Corte consideró diversos trámites en los asuntos que penden ante ella y analizó los distintos informes presentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los Estados involucrados en los asuntos en que se hayan adoptado medidas provisionales. Asimismo, la Corte recibió a algunos miembros del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México y el 31 de mayo de 1999 suscribió un Convenio de Cooperación con dicho Instituto. Además, recibió al Presidente de la Corte Europea de Derechos Humanos, Juez Luzius Wildhaber y a su asesor, doctor Herbert Petzold, quienes estuvieron presentes en las audiencias y actividades de la Corte. Asimismo,

La composición de la Corte, durante este Período Ordinario de Sesiones, fue la siguiente: Hernán Salgado Pesantes (Ecuador), Presidente; Antônio A. Cançado Trindade (Brasil), Vicepresidente; Máximo Pacheco Gómez (Chile); Oliver Jackman (Barbados); Alirio Abreu Burelli (Venezuela); Sergio García Ramírez (México) y Carlos Vicente de Roux Rengifo (Colombia). En el caso Cesti Hurtado, participó como Juez ad hoc, designado por el Estado del Perú, el señor José Alberto Bustamante Belaunde. En los casos Durand y Ugarte y Castillo Petruzzi y otros participó como Juez ad hoc, nombrado por el Estado del Perú para estos casos, el señor Fernando Vidal Ramírez. En el caso Las Palmeras participó como Juez ad hoc, nombrado por el Estado de Colombia, el señor Julio A. Barberis. Por último, en el caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni participó como Juez ad hoc, nombrado por el Estado de Nicaragua, el señor Alejandro Montiel Argüello. Además, estuvieron presentes el Secretario de la Corte, Manuel E. Ventura Robles y el Secretario adjunto, Renzo Pomi.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es una institución judicial autónoma de la Organización de los Estados Americanos establecida en 1979, está formada por juristas de la más alta autoridad moral y reconocida competencia en materia de derechos humanos. Los jueces son elegidos a título personal en la Asamblea General de la O.E.A. y no pueden ejercer sus funciones por más de dos períodos de seis años cada uno.

Para mayor información dirigirse a:

Manuel E. Ventura Robles, Secretario

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Apartado 6906-1000, San José, Costa Rica

Teléfono (506) 234-0581. Telefax (506) 234-0584.

Correo electrónico: corteidh@racsa.co.cr

San José, 4 de junio de 1999.

CDH-CP6/99 English

PRESS RELEASE^(*)

The Inter-American Court of Human Rights held its XLIV Regular Session at its seat in San Jose, Costa Rica, from May 23 to June 3, 1999. During this session, the Court considered the following matters:

1) Cesti Hurtado Case (Peru): Merits Phase. On May 24, the Court held a public hearing on the merits in this Case, in order to receive the declaration of the eyewitness proposed by the Inter-American Commission on Human Rights, who testified about his knowledge of the facts of the application; and the eyewitness and expert witness proposed by the State of Peru. The Court also heard the final arguments of the Commission and the State of Peru.

The Case was submitted by the Inter-American Commission on Human Rights on January 9, 1998, and refers to the alleged violation by the State of Peru of Articles 5 (Right to Humane Treatment), 7 (Right to Personal Liberty), 8 (Right to a Fair Trial), 11 (Right to Privacy), 17 (Rights of the Family), 21 (Right to Property), 25 (Right to Judicial Protection) and 51(2) of the American Convention on Human Rights, in relation with Articles 1 and 2 of the same. The application alleges that these violations were a result of the detention, sentencing and deprivation of liberty of Mr. Gustavo Adolfo Cesti-Hurtado in a process before the Military Jurisdiction. According to the application, said trial was conducted not withstanding the existence of a definitive judgment issued in a habeas corpus proceeding, ordering that Mr. Cesti be withdrawn from the Military Jurisdiction and that his personal liberty not be infringed. The Commission also requested that the Court require the Peruvian State to sanction those responsible for the alleged violations, to release Mr. Cesti-Hurtado, and to compensate him for the period during which he was wrongly detained and for the respective damages to his personal life and to his financial well-being.

2) Durand and Ugarte Case (Peru): Preliminary Objections Phase. During this Session, the Court deliberated and, on May 28, passed judgment on the preliminary objections presented by Peru. The Court, by means of its judgment, decided:

by six votes to one,

1. To dismiss the first preliminary objection presented by the State of Peru.

unanimously,

2. To dismiss the second, third, fourth, fifth, sixth and seventh preliminary objections presented by the State of Peru.

by six votes to one,

3. To continue to hear the merits of the case.

Judge Vidal-Ramírez informed the Court of his Dissenting Opinion, which is attached to this Judgment.

3) Castillo Petruzzi et al Case (Peru): Merits Phase. During this Session, the Court deliberated, and on May 30 passed judgment on the merits of the Case. By means of said Judgment, the Court decided:

unanimously,

1. To declare that the State of Peru did not violate Article 20 of the American Convention in the present Case.

unanimously,

2. To declare that the State of Peru violated Article 7(5) of the American Convention.

by seven votes to one,

3. To declare that the State of Peru violated Article 9 of the American Convention.

Judge Vidal-Ramírez dissenting.

unanimously,

4. To declare that the State of Peru violated Article 8(1) of the American Convention.

unanimously,

5. To declare that the State of Peru violated Article 8(2)(b), (c), (d) and (f) of the American Convention.

by seven votes to one,

6. To declare that the State of Peru violated Article 8(2)(h) of the American Convention.

Judge Vidal-Ramírez dissenting.

unanimously,

7. To declare that, in the present Case, it was not proved that the State of Peru violated Article 8(3) of the American Convention.

by seven votes to one,

8. To declare that the State of Peru violated Article 8(5) of the American Convention.

Judge Vidal-Ramírez dissenting.

unanimously,

9. To declare that the State of Peru violated Articles 25 and 7(6) of the American Convention.

by seven votes to one,

10. To declare that the State of Peru violated Article 5 of the American Convention.

Judge Vidal-Ramírez dissenting.

unanimously,

11. To declare that the State of Peru violated Article 1(1) and 2 of the American Convention.

unanimously,

12. To declare that, in the present Case, it is not necessary to consider the alleged violation of Article 51(2) of the American Convention by the State of Peru.

unanimously,

13. To declare the invalidity of the proceedings against Mr. Jaime Francisco Sebastián Castillo-Petruzzi, Ms. María Concepción Pincheira-Sáez, Mr. Lautaro Enrique Mellado-Saavedra and Mr. Alejandro Luis Astorga-Valdez for being incompatible with the American Convention, and to order that new judicial proceedings in accordance with due process of law be guaranteed to the above individuals.

unanimously,

14. To order that the State of Peru adopt the appropriate measures to reform those norms that have been declared in violation of the American Convention in the present Judgment, and to ensure the enjoyment of the rights recognized by the American Convention for all persons, without exception, under its jurisdiction.

unanimously,

15. To order the State of Peru to pay a total sum of US$10,000.00 (ten thousand dollars of the United States of America) or its equivalent in Peruvian currency to the family members of Mr. Jaime Francisco Sebastián Castillo-Petruzzi, Ms. María Concepción Pincheira-Sáez, Mr. Lautaro Enrique Mellado-Saavedra and Mr. Alejandro Luis Astoga-Valdez, as compensation for the expenditures incurred for the various petitions before the Inter-American System of Human Rights, according to paragraph 224 of the present Judgment.

unanimously,

16. [. . .]To supervise compliance with this Judgment.

Judge Vidal-Ramírez informed the Court of his Partially Concurring and Partially Dissenting Opinion, and Judge de Roux Rengifo informed the Court of his Concurring Opinion, both of which are attached to the Judgment.

4) Las Palmeras Case (Colombia): Preliminary Objections Phase. The Court held a public hearing on May 31 on the preliminary objections presented by the State of Colombia, during which the arguments of the State of Colombia and of the Inter-American Commission on Human Rights were heard.

The application, submitted by the Inter-American Commission on Human Rights on July 6, 1998, refers to the alleged extra-judicial execution of Messrs. Artemio Pantoja-Ordoñez, Hernán Javier Cuarán-Muchavisoy, Julio Milcíades Cerón-Gómez, Edebraiz Cerón-Rojas, William Hamilton Cerón-Rojas, and Hernán Lizcano-Jacanamejoy or Moisés Ojeda and the subsequent denial of justice by the State of Colombia. The Commission presented the application for the Court to decide whether Colombia violated Articles 1(1) (Obligation to Respect Rights), 4 (Right to Life), 8 (Right to a Fair Trial) and 25 (Judicial Protection) of the American Convention, and common Article 3 of the Geneva Conventions of 1949.

5) Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community Case (Nicaragua): Preliminary Objections Phase. The Court held a public hearing May 31 on the preliminary objection presented by the State of Nicaragua in this Case. The Court heard the arguments of the State of Nicaragua and of the Inter-American Commission on Human Rights.

The application in this Case, submitted by the Commission on June 4, 1998, refers to the alleged violation by the State of Nicaragua of Articles 1 (Obligation to Respect Rights), 2 (Domestic Legal Effect), 21 (Right to Private Property), and 25 (Judicial Protection) of the American Convention on Human Rights, to the detriment of members of the Mayagna (Sumo) Indigenous Community, due to the failure to demarcate and officially recognize the territory of said community. The Commission also requested that the Court, based on Article 63(1) of the American Convention, order reparations for the violations of those rights cited in the application.

6) Suárez Rosero Case (Ecuador): Interpretation of the Judgment. The Court deliberated and on May 29 delivered a Judgment, based on Article 67 of the American Convention, on the request for an interpretation of the Judgment on Reparations that was delivered in the present Case. By means of its Judgment, the Court decided:

unanimously,

1. That the request for interpretation of the Judgment of January 20, 1999 in the Suárez-Rosero Case, presented by the State of Ecuador, is admissible.

2. That the payments ordered by the Court in the aforementioned Judgment in favor of Mr. Rafael Iván Suárez-Rosero and Ms. Margarita Ramadán de Suárez must be paid in full. It is for the State of Ecuador to apply the necessary mechanisms compliance with this obligation in the most expeditious and efficient manner, under the conditions and within the time period established in said Judgment. In particular, the State of Ecuador must adopt all measures necessary to ensure that the deduction made by Ecuadorian financial institutions for monetary transactions will not diminish the right of the beneficiaries to receive the total amount of damages.

3. That the amount that the Inter-American Court of Human Rights ordered to be paid the minor Micaela Suárez Ramadán in the aforementioned Judgment, shall be deposited in full in the trust fund mentioned in paragraph 107 of the same. Said amount will not be subject to any tax or to any tax-related deduction when the trust is established.

4. That the lawyers of Mr. Suárez-Rosero must receive full payment for their fees and expenses ordered by the Inter-American Court of Human Rights, and that said payment will not be subject to any taxes.

7) James et al Provisional Measures (Trinidad and Tobago): With regard to these Provisional Measures, two Orders were declared:

On May 25, 1999, the Court resolved:

1. With respect to the Provisional Measures adopted by the Court on August 29, 1998:

a. To maintain the provisional measures ordered by the Inter-American Court of Human Rights on August 29, 1998, in favour of Wenceslaus James, Anthony Briggs, Anderson Noel, Anthony Garcia, Christopher Bethel, Darrin Roger Thomas, Haniff Hilaire and Denny Baptiste. With respect to Mr. Anthony Briggs, to maintain the Provisional Measures ordered in his favour until such time as the Court, having previously considered the reports concerning the present status of his Case, issues a decision on this matter.

b. To urge the State of Trinidad and Tobago comply with the Order of the Court of August 29, 1998, and henceforth report every fifteen days on the status of the appeals and scheduled executions of Wenceslaus James, Anthony Biggs, Anderson Noel, Anthony Garcia, Christopher Bethel, Darrin Roger Thomas, Haniff Hilaire and Denny Baptiste, and to require the Inter-American Commission on Human Rights to send its observations on these reports to the Inter-American Court of Human Rights within two days of their receipt.

c. To urge the state of Trinidad and Tobago and the Inter-American Commission on Human Rights to inform the Inter-American Court of Human Rights immediately of any significant development concerning the circumstances of Wenceslaus James, Anthony Briggs, Anderson Noel, Anthony Garcia, Christopher Bethel, Darrin Roger Thomas, Haniff Hilaire and Denny Baptiste.

2. With respect to the Commission's request for amplification of the Provisional Measures in favour of 20 persons:

a. To ratify the Order of the President of the Inter-American Court of Human Rights of May 11, 1999.

b. To order the Republic of Trinidad and Tobago to take all measures necessary to preserve the lives of Wilberforce Bernard, Naresh Boodram, Joey Ramiah, Clarence Charles, Phillip Chotolai, George Constantine, Rodney Davis, Natasha De Leon , Marvyn Edmund, Alfred Frederick, Nigel Mark, Wayne Matthews, Steve Mungroo, Vijay Mungroo, Wilson Prince, Martin Reid, Noel Seepersad, Gangaleen Tahaloo, Keiron Thomas and Samuel Winchester, so as not to hinder the processing of their Cases before the Inter-American system.

c. To require the State of Trinidad and Tobago to include in its fortnightly Reports to which reference is made in operative paragraph 1.b of this Order, information on the state of the appeals and scheduled executions of Wilberforce Bernard, Naresh Boodram, Joey Ramiah, Clarence Charles, Phillip Chotolai, George Constantine, Rodney Davis, Natasha De Leon, Mervyn Edmund, Alfred Frederick, Nigel Mark, Wayne Matthews, Steve Mungroo, Vijay Mungroo, Wilson Prince, Martin Reid, Noel Seepersad, Gangaleen Tahaloo, Keiron Thomas and Samuel Winchester; and to require the Inter-American Commission on Human Rights to include its remarks on this information in its observations.

d. To require the State of Trinidad and Tobago and the Inter-American Commission on Human Rights to inform the Inter-American Court of Human Rights immediately of any significant developments concerning the circumstances of Wilberofrce Bernard, Naresh Boodram, Joey Ramiah, Clarence Charles, Phillip Chotolai, George Constantine, Rodney Davis, Natasha De Leon, Mervyn Edmund, Alfred Frederick, Nigel Mark, Wayne Matthews, Steve Mungroo, Vijay Mungroo, Wilson Prince, Martin Reid, Noel Seepersad, Gangaleen Tahaloo, Keiron Thomas and Samuel Winchester.

Judges Cançado-Trindade and de Roux-Rengifo informed the Court of their Concurring Opinions, which are attached to the Order.

On May 27, 1999, the Court decided:

1. To amplify the Provisional Measures ordered in James et al Cases and to order the Republic of Trinidad and Tobago to take all measures necessary to preserve the lives of Peter Benjamin, Kevin Dial, Andrew Dottin, Anthony Johnson, Amir Mohlaw, Allan Phillip, Krishandath Seepersad and Narine Sooklal, so as not to hinder the processing of their Cases before the Inter-American system.

2. To require the State of Trinidad and Tobago to include in its fortnightly Reports to which reference is made in operative paragraph 1.b of the Order of the Court of May 25, 1999 (supra, Having Seen 1), information on the status of the scheduled executions of Peter Benjamin, Kevin Dial, Andrew Dottin, Anthony Johnson, Amir Mohlaw, Allan Phillip, Krishandath Seepersad and Narine Sooklal, and to require the Inter-American Commission on Human Rights to include its remarks on this information in its observations.

3. To require the State of Trinidad and Tobago and the Inter-American Commission on Human Rights to inform the Inter-American Court of Human Rights immediately of any significant developments concerning the circumstances of Peter Benjamin, Kevin Dial, Andrew Dottin, Anthony Johnson, Amir Mohlaw, Allan Phillip, Krishandath Seepersad and Narine Sooklal.

8) Loayza Tamayo Case (Peru): Interpretation of Judgment. The Court deliberated and, on June 3, pursuant to Article 67 of the American Convention, delivered a Judgment of Interpretation of the Judgment on Reparations in the present Case. By means of said Judgment the Court decided:

unanimously,

1. That the request for interpretation of the Judgment presented by the State of Peru on November 27, 1998, with regard to the Loayza-Tamayo Case, is admissible only with respect to the payment of fees and expenditures awarded to Ms. Carolina Maida Loayza-Tamayo.

2. That Ms. Carolina Maida Loayza-Tamayo must receive full payment of fees and expenses that was ordered by the Inter-American Court of Human Rights in the above-mentioned Judgment, and that said payment will not be subject to any taxes.

9) Caballero Delgado y Santana Provisional Measures (Colombia): The Court studied the reports submitted by the State of Colombia and the Inter-American Commission on Human Rights and issued a Order in which it decided:

1. To terminate the provisional measures that were ordered on April 16, 1997 in favor of Messrs. Guillermo Guerrero-Zambrano and Javier Páez.

2. To maintain the provisional measures that were ordered on April 16, 1997 in favor of Ms. María Nodelia Parra, Mr. Gonzalo Arias-Alturo and Ms. Elida González-Vergel.

3. To require the State of Colombia to present in its next report a detailed summary of the measures that it has adopted with respect to the recent changes in the situation of Mr. Gonzalo Arias-Alturo and Ms. Elida González-Vergel. In addition, that it present in said document specific information on the participation of the beneficiaries in the decisions related to the compliance with the orders of the Court.

10) Colotenango Provisional Measures (Guatemala): The Court studied the reports that were submitted by the State of Guatemala and the Inter-American Commission on Human Rights and issued an Order in which it decided:

1. To require the State of Guatemala to maintain the necessary measures to protect the life and integrity of the persons in whose favor the Inter-American Court of Human Rights ordered provisional measures in its Orders of June 22 and December, 1994, and September 19, 1997.

2. To require the State of Guatemala to investigate the denounced acts that gave rise to the present Measures with the end of discovering the responsible parties and punishing them.

3. To require the State of Guatemala to immediately report on the alternate mechanisms that, as a consequence of the acts of April 30, 1999, have been adopted to effectively carry out the Provisional Measures that were ordered by the Inter-American Court of Human Rights.

4. To require the State of Guatemala to allow the petitioners to participate in the planning and implementation of the measures which are referred to in the above point and that, in general, Guatemala keep them informed of the progress of the measures ordered by the Inter-American Court of Human Rights.

5. To require the State of Guatemala to continue to present reports on the provisional measures taken every two months, and to require the Inter-American Commission on Human Rights to include its remarks on said reports within six weeks of receipt.

11) Cesti Hurtado Provisional Measures (Peru): The Court studied the reports submitted by the State of Peru and the Inter-American Commission of Human Rights and issued an resolution in which it decided:

1. To require the State of Peru to adopt those provisional measures necessary to ensure the physical and psychological integrity of Ms. Carmen Judith Cardó-Guarderas, Ms. Margarita del Carmen Cesti-Cardó and Mr. Gustavo Cesti-Cardó.

2. To require the State of Peru to investigate the acts denounced by Ms. Carmen Judith Cardó-Guarderas that motivated the present amplification of provisional measures.

3. To require the State of Peru to include a detailed description of the protective and preventive measures adopted in favor of Messrs. Cardó-Guarderas and Cesti-Cardó in the periodic reports in which the state of provisional measures ordered in this Case is presented.

12) New Case: The Court examined the submission, by the Inter-American Commission on Human Rights, of a new case (Hilaire Case against the Republic of Trinidad and Tobago). The application in this case (N. 11,816) refers to the alleged violations of the following articles of the American Convention: 4 (Right to Life), 5 (Right to Humane Treatment), 7 (Right to Personal Freedom) and 25 (Judicial Protection), all in relation to Articles 1(1) and 2 of the same, as a consequence of the arrest, detention, and death penalty imposed on Mr. Haniff Hilaire for having committed the crime of homicide, based on mandatory death penalty law.

13) Other Matters: The Court considered several procedural steps in matters pending before it and analyzed the various reports submitted by the Inter-American Commission on Human Rights and the States that are involved in cases in which Provisional Measures have been adopted. In addition, the Court welcomed members from the Institute of Judicial Investigations of Mexico - UNAM; the President of the European Court of Human Rights, Judge Luzius Wildhaber; and his advisor, Doctor Herbert Petzold; who attended the hearings and activities of the Court.

The composition of the Court, during this Regular Session was as follows: Hernán Salgado-Pesantes (Ecuador), President; Antônio A. Cançado-Trindade (Brazil), Vice President; Máximo Pacheco-Gómez (Chile); Oliver Jackman (Barbados); Alirio Abreu-Burelli (Venezuela); Sergio García-Ramírez (Mexico) and Carlos Vicente de Roux-Rengifo (Colombia). In the Cesti-Hurtado Case, José Alberto Bustamente-Belaunde, appointed by the State of Peru, participated as Judge ad hoc. In the Durand y Ugarte and Castillo-Petruzzi et al Cases, Fernando Vidal-Ramírez, appointed by the State of Peru, participated as Judge ad hoc. In the Las Palmeras Case, Julio A. Barberis, appointed by the State of Colombia, participated as Judge ad hoc. Finally, in the Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community Case Alejandro Montiel-Argüello, appointed by the State of Nicaragua, participated as Judge ad hoc. In addition, the Secretary of the Court, Manuel E. Ventura-Robles, and the Deputy Secretary, Renzo Pomi, were present.

The Inter-American Court of Human Rights is an autonomous judicial institution of the Organization of American States established in 1979. The Court is composed of jurists of the highest moral standing and competence in the area of human rights. Judges are elected by the OAS General Assembly and cannot be elected for more than two six-year terms.

For more information, please address all requests to:

Manuel E. Ventura-Robles, Secretary

Inter-American Court of Human Rights

Apartado 6906-1000, San José, Costa Rica

Telephone (506) 234-0581. Telefax (506) 234-0584.

E-mail: corteidh@racsa.co.cr

San José, June 9, 1999

Pies de página

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^(*) El contenido de este comunicado es responsabilidad de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El texto oficial de los documentos reseñados puede obtenerse mediante solicitud escrita dirigida a la Secretaría, en la dirección que se adjunta.