Tatiana B. de Maekelt.

SUMARIO.-

I.- Introducción. II.- Ley de Derecho Internacional Privado. Aspectos Generales: 1.- Antecedentes. 2.- Objetivos. 3.- Estructura. 4.- Características: 4.1.- Concepciones doctrinarias. 4.2.- Autonomía de la Ley. 4.3.- Carácter general de sus disposiciones. III.- Regulaciones más relevantes. IV.- Conclusiones. 

I.- Introducción

El presente trabajo contiene comentarios generales sobre antecedentes, objetivos, características y estructura de la Ley de Derecho Internacional Privado, promulgada el 6 de agosto de 1998 (1).

Esta fecha significa un paso decisivo en la evolución del Derecho Internacional Privado en Venezuela y la existencia de una ley acorde con las necesidades reales del país servirá de estímulo a los jueces y demás interesados en la materia para resolver, en forma idónea, los múltiples casos con elementos extraños que se presentan, cada vez con mayor frecuencia, en la comunidad internacional de nuestros días.

Para entender la situación actual del Derecho Internacional Privado en Venezuela y la importancia de la promulgación de la Ley especial sobre la materia, es imprescindible conocer las características fundamentales del sistema anterior y familiarizarse con su evolución.

El Derecho Internacional Privado venezolano tenía carácter estatutario con influencia Manciniana, producto de la recepción del Código Napoleón y, posteriormente, de la escuela italiana de Mancini.

El estatuto personal se encontraba regulado en los artículos 9 y 26 del Código Civil, normas que consagraban la nacionalidad como factor de conexión personal. El estatuto real estaba sometido a la regla lex rei sitae, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 del mismo código. El artículo 11, al regular la forma de los actos (estatuto mixto), los sometía a la ley del lugar de su celebración.

Por otra parte, el artículo 8 del Código Civil -norma territorialista- obligaba aplicar a todos los habitantes de la República las leyes venezolanas. Este artículo, incluido bajo la influencia del Código Bello (2), no acoge la calificación que hace su similar en el Código Napoleón, al referirse a las leyes de policía y seguridad, lo cual dificulta aun más su aplicación práctica.

La coexistencia de dos elementos antagónicos, esto es, un sistema estatutario con factor de conexión nacionalidad, por una parte y la vigencia de una disposición absolutamente territorialista, por la otra, motivaron la aplicación abusiva de la lex fori por parte de los tribunales venezolanos.

Sin embargo, la doctrina se preocupó por encontrar una interpretación congruente a esta disposición territorialista. Así, Lorenzo Herrera Mendoza buscó una solución, interpretando la norma a la luz de los términos establecidos en el Código Napoleón, esto es, limitándola a las normas de orden público (3). Esta interpretación no fue totalmente convincente, por cuanto la calificación de una norma como de orden público, es tarea que corresponde al legislador, como lo hizo el Código Napoleón.

Joaquín Sánchez Covisa, José Muci Abraham y Gonzalo Parra-Aranguren, propusieron una interpretación distinta que ha permitido un desarrollo mas congruente de nuestra materia, aún con las dificultades que implica la existencia de este "hibridismo antagónico", como llamó Lorenzo Herrera Mendoza al divorcio entre la personalidad y el territorialismo. Para estos notables juristas, cuando el Código Civil ordena aplicar la ley venezolana a todos los habitantes de la República, se refiere al ordenamiento jurídico considerado en su conjunto, lo cual incluye también al Derecho Internacional Privado. Por lo tanto, cuando la norma de conflicto venezolana ordena aplicar el derecho extranjero, el juez debe obedecer dicho mandato.

A pesar de esta última interpretación que permitía la aplicación del derecho extranjero, el artículo 8 del Código Civil continuaba siendo una efectiva barrera para la aplicación del ordenamiento jurídico extranjero o, por lo menos, como una justificación "válida" para no aplicarlo.

A esta situación se añade la escasez de tratados internacionales sobre la materia, así como la falta y la dispersión de normas de Derecho Internacional Privado (Venezuela sólo había ratificado el Código Bustamante y el Acuerdo Boliviano sobre Ejecución de Actos Extranjeros) en el Código Civil, en el Código de Comercio, en el de Procedimiento Civil y en algunas leyes especiales, lo cual dificultaba la solución de casos con elementos extraños.

Por otra parte, a las contradicciones intrínsecas, propias del sistema venezolano, se les agregó una brecha entre las regulaciones internas y las soluciones consagradas en los tratados internacionales ratificados por Venezuela. Las Convenciones Interamericanas sobre Derecho Internacional Privado, especialmente las Convenciones sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado, la relativa al Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, así como, la Convención sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, ofrecen numerosos ejemplos de soluciones ausentes en la legislación interna venezolana, o contradictorias a las mismas, lo cual creaba incongruencia entre las soluciones contenidas en fuentes internacionales y en la normativa interna. Con la promulgación de la Ley se eliminan estas incongruencias y se logra la armonía en las soluciones de los casos con elementos extraños.

ste panorama, sin lugar a dudas, revelaba la necesidad de regular la materia referente al Derecho Internacional Privado, en un instrumento autónomo, como lo es la nueva Ley que armoniza y adapta las soluciones de los casos con elementos extraños a los tratados vigentes en Venezuela, a la realidad de nuestro tráfico externo y a las tendencias universales en esta materia.

II.- Ley de Derecho Internacional Privado. Aspectos Generales.

1.- Antecedentes.

La evolución del Derecho Internacional Privado en Venezuela se relaciona directamente con los procesos de su codificación: internacional e interna. Desde el comienzo de este siglo, Venezuela ha participado en la elaboración de los tratados internacionales sobre la materia, tales como los Acuerdos Bolivianos de 1911 y, posteriormente, el Tratado de Derecho Internacional Privado, conocido como Código Bustamante, aprobado en la Sexta Conferencia Panamericana, celebrada en La Habana, Cuba, 1928 (4).

A partir de 1975, año en que comienza la nueva fase de codificación interamericana, Venezuela es uno de los países más activos en el proceso de codificación en América. Desde la proposición de los temas, pasando por la elaboración y discusión de los proyectos de convenciones, finalizando con la aprobación y ratificación de las mismas, nuestro país juega en este proceso un rol protagónico. Muchos de los proyectos discutidos en las Conferencias Especializadas Interamericanas sobre Derecho Internacional Privado han sido elaborados con su participación (5).

A partir del año 1984, Venezuela ha ratificado doce Convenciones Interamericanas y dos Protocolos Adicionales (6). A estos deben agregarse cinco Convenciones de La Haya (7) y dos de las Naciones Unidas (8). Este nuevo panorama de tratados vigentes sobre la materia obligó a los juristas venezolanos a detenerse y analizar todo el sistema de su Derecho Internacional Privado.

Venezuela también ha demostrado preocupación por la codificación interna en esta materia. En 1912, el prestigioso jurista, Pedro Manuel Arcaya, elaboró el primer proyecto de ley especial denominado "Proyecto de Ley de Aplicación del Derecho Internacional Privado" (9). Este proyecto es precursor, en el continente americano, de una ley autónoma en la materia y, aún cuando no llegó a tener vigencia, constituye un valioso antecedente.

A pesar del constante y manifiesto interés de la doctrina venezolana y, especialmente, del Dr. Lorenzo Herrera Mendoza, no fue sino hasta el año 1963 cuando se elaboró el segundo proyecto por una comisión designada ad hoc en 1958, por el entonces Ministro de Justicia, Dr. Andrés Aguilar M. La comisión estaba integrada por los doctores Roberto Goldschmidt, quien la presidió, Joaquín Sánchez-Covisa y Gonzalo Parra-Aranguren. El proyecto fue ligeramente modificado por sus proyectistas en el año 1965 (10). La doctrina patria, entre otros, Tatiana B. de Maekelt, Juan María Rouvier y José Luis Bonnemaison, se manifestaron a favor del proyecto (11). Sin embargo, este excelente proyecto no se convertía en ley vigente. Muchas habían sido las razones, tales como la falta de madurez del foro venezolano para la aplicación práctica del Derecho Internacional Privado, las dificultades inherentes a su adaptación a la legislación vigente debido a lo novedoso de sus soluciones, así como la falta de interés por la materia, la cual se redujo a las aulas universitarias y las corporaciones científicas. Llama la atención que el proyecto venezolano fue acogido en el ámbito internacional influyendo en la labor codificadora que se venía desarrollando en los últimos años en el continente americano. En efecto, profesores de la talla de Werner Goldschmidt de Argentina, Paul Heinrich Neuhaus de Alemania, Fritz von Schwind de Austria y Rodolfo de Nova de Italia, para mencionar sólo algunos, han considerado el Proyecto de Ley de Derecho Internacional Privado como ejemplo de una excelente codificación interna en la materia (12).

Por otra parte, las soluciones consagradas en dicho Proyecto han inspirado a los redactores de las Convenciones Interamericanas sobre Derecho Internacional Privado, en las cuales encontramos normas similares (13).

A iniciativa de todas las cátedras de Derecho Internacional Privado del país, en 1995, se procede a la revisión y actualización del proyecto de 1965. Se mantienen sus disposiciones fundamentales, se adapta a nuevas leyes vigentes en Venezuela y se recoge en su articulado la evolución de la doctrina y la jurisprudencia. Afortunadamente, el Congreso de la República no introdujo modificaciones de fondo. Las soluciones de la Ley responden a las necesidades prácticas, tales como la sustitución del factor de conexión nacionalidad, vigente en Venezuela, por el factor domicilio, y están acordes con las modernas corrientes doctrinales y legislativas en el Derecho Comparado.

2.- Objetivos.

Según lo expuesto en la Exposición de Motivos de la Ley, sus objetivos son los siguientes:

a) Resolver los antiguos problemas que presenta el sistema venezolano de Derecho Internacional Privado vigente, caracterizado por sus contradicciones entre personalismo y territorialismo, por su carácter estatutario, la dispersión de sus disposiciones en los códigos y en leyes especiales y el inadecuado factor de conexión personal: nacionalidad.

b) Ajustar la legislación venezolana de Derecho Internacional Privado a la realidad social del país.

c) Adaptar las soluciones internas a los avances consagrados en la codificación convencional, ratificada por Venezuela, especialmente las Convenciones Interamericanas sobre Derecho Internacional Privado y las Convenciones de La Haya.

d) Adaptar las soluciones venezolanas al desarrollo universal de la materia tomando en cuenta las legislaciones más recientes, cuya aplicación ha demostrado su validez y utilidad para el armónico desarrollo de las relaciones jurídicas entre los particulares.

3.- Estructura.

La Ley se divide en 12 capítulos, referentes a: disposiciones generales, domicilio, personas, familia, bienes, obligaciones, sucesiones, forma y prueba de los actos, jurisdicción y competencia, eficacia de las sentencias extranjeras, procedimiento y disposiciones finales.

La enumeración de estos capítulos permite conocer el contenido fundamental de la Ley que incluye: disposiciones generales, derecho civil internacional y derecho procesal internacional.

La Exposición de Motivos de la Ley, a la cual nos adherimos (14), explica las razones de reducir la regulación a estos tres grandes aspectos. Efectivamente, el carácter general de la Ley aconseja limitarse a estas ramas jurídicas, más allá de las cuales tendrían que abordarse temas muy específicos cuya consideración excedería los objetivos de la misma, los cuales ameritan ser regulados por leyes especiales sobre las respectivas materias. Además, las disposiciones de derecho civil internacional son aplicables a los aspectos generales del derecho comercial internacional, en virtud de la tendencia creciente a la unificación del derecho privado.

El capítulo de Disposiciones Generales incluye normas sobre el orden de prelación de fuentes en el Derecho Internacional Privado, la determinación del derecho aplicable, aplicación del derecho extranjero, reenvío, derechos adquiridos, cuestiones previas, adaptación, orden público, institución desconocida y normas de aplicación necesaria. No se incluye la calificación, por considerar que ésta debe madurar a través de la jurisprudencia y fraude a la ley cuya aplicación presenta dificultades relacionadas con la prueba subjetiva de la intención fraudulenta. Además, existe consenso en que el fraude a la ley puede sustituirse con otras figuras jurídicas, tales como, abuso de derecho, simulación y orden público internacional.

Las normas correspondientes al Derecho Civil Internacional regulan, en capítulos sucesivos, domicilio, personas, familia, bienes, obligaciones, sucesiones y forma y prueba de los actos.

Los capítulos referentes al derecho procesal internacional regulan los aspectos fundamentales de esta rama, que son: jurisdicción y competencia, eficacia de la sentencia extranjera y el procedimiento, en el cual destaca la cooperación judicial internacional.

Como en el tratamiento del derecho civil internacional, también en el ámbito del derecho procesal internacional, se regulan aspectos generales, dejando las consideraciones de los aspectos especiales a cargo de códigos y otras leyes especiales.

4.- Características.

4.1.- Concepciones doctrinarias.

Desde el punto de vista de la influencia doctrinaria, la Ley se caracteriza por reflejar soluciones de las grandes escuelas de Derecho Internacional Privado del siglo XIX, especialmente, la de Joseph Story y Federico Carlos von Savigny, modernizadas a través de las más recientes elaboraciones doctrinarias del presente siglo.

La novedad de mayor interés de la ley consiste en reflejar la flexibilización del clásico método conflictual y, en consecuencia, otorgar al juez la facultad de perseguir en sus soluciones la justicia material de cada caso. Esto es esencialmente válido en la aplicación del derecho extranjero que debe hacerse cumpliendo los objetivos de la norma venezolana de conflicto (Art. 2). Asimismo, se le permite al juez adaptar la aplicación de varios derechos indicados por su norma de conflicto, en función de lograr la solución equitativa de cada caso (Art. 7).

En la regulación de la obligaciones convencionales se prevé la aplicación de la lex mercatoria con la finalidad de "realizar las exigencias impuestas por la justicia y la equidad en la solución del caso concreto" (Art. 31).

Igualmente deberán tomarse en cuenta las instituciones generales que dejan de ser figuras formales para convertirse en elementos coadjuvantes en la búsqueda de la justicia material.

4.2.- Autonomía de la ley.

Se trata de una ley especial que consagra la autonomía legislativa en la materia, la cual responde a las tendencias actuales en la evolución del Derecho Internacional Privado, iniciada con la ley polaca de 1926 e incrementada, especialmente, a fines de los años 70, con la promulgación, entre otras, de las siguientes leyes especiales: Hungría (1979), Yugoslavia (1979), Turquía (1982), Suiza (1987), Rumania (1992), Italia (1995) y Liechtenstein (1996). El continente americano no ha permanecido alejado de esta tendencia, al elaborar sendos proyectos de leyes especiales en la materia, tales como el de Brasil (1964 y 1995) y el de Argentina (1974). Deben mencionarse además, los esfuerzos de reforma de Códigos Civiles en materia de conflicto de leyes, desafortunadamente con prescindencia de la promulgación de leyes especiales. Es el caso de Perú (1984), Estado de Louisiana (1991), Provincia de Quebec (1991) y México (1988).

Sin duda alguna, el carácter autónomo de la Ley es garantía del cabal desarrollo del Derecho Internacional Privado en Venezuela.

4.3.- Carácter general de sus disposiciones.

Se ha considerado aconsejable que esta ley tenga normas de carácter general, a fin de que sirva de marco a las disposiciones que permanecerían en las correspondientes leyes especiales. Tal generalidad se aconseja, debido a la amplitud de la materia y que habría obligado a los proyectistas a elaborar un proyecto de ley excesivamente largo y, en consecuencia, de difícil aplicación.

III.- Regulaciones más relevantes.

El capítulo I, titulado "Disposiciones Generales", establece el orden de prelación de fuentes de Derecho Internacional Privado (Art. 1). Es importante la adaptación de la teoría general de las fuentes al Derecho Internacional Privado y la inclusión de normas de Derecho Internacional Público, en particular, las establecidas en los tratados, como fuente primaria en esta materia. También se reafirma la vigencia del Derecho interno, a falta de un tratado internacional cuya norma de conflicto va a determinar la aplicación del Derecho extranjero. Es evidente que resulta imposible regular todos los supuestos con elementos extraños, por lo cual se reiteran las fuentes supletorias: analogía y principios generales. No se quiso mencionar en el proyecto cuales son estos principios, por cuanto en Venezuela existe una tradición en relación a la interpretación del artículo 8 del Código de Procedimiento Civil, pero indudablemente se trata de principios de carácter internacional, interpretación que responde a la esencia misma del Derecho Internacional Privado.

La Ley establece claramente la prelación de las fuentes internacionales y con ello resuelve la controversia sobre la relación entre el Derecho internacional y Derecho interno, dándole primacía a las fuentes internacionales.

Al regular el tratamiento del Derecho extranjero (Arts. 2 y 3), adopta la tesis jurídica y prevé su aplicación de acuerdo a los objetivos perseguidos por las normas de conflicto venezolanas, objetivos que se refieren a la búsqueda de la justicia del caso concreto. Esta disposición resulta particularmente importante en la medida en que la legislación venezolana interna nunca ha tenido una regulación sobre el particular.

La Ley consagra el reenvío de primer grado y el ulterior, excluyendo expresamente el circular y el de grados sucesivos, supuestos en los cuales deberá aplicarse el Derecho material del Estado que declare competente la norma venezolana de conflicto (Art. 4). Esta solución recoge los antecedentes jurisprudenciales venezolanos (caso Shuneck, 1906; y Quintana vs. Sión, 1966), asi como la doctrina predominante (15).

Se prevé el respeto a las situaciones jurídicas válidamente creadas (Art. 5), de acuerdo con un Derecho extranjero cuya competencia es admisible según criterios internacionalmente reconocidos, siempre y cuando no contradigan los objetivos de las normas venezolanas de conflicto, el Derecho venezolano no tenga competencia exclusiva, o no sean manifiestamente incompatibles con el orden público venezolano.

Las cuestiones previas podrán decidirse según la teoría autónoma o jerarquizada, es decir, la disposición permite aplicar la norma de conflicto del foro o del ordenamiento jurídico que rige la cuestión principal. El juez goza de suficiente libertad para aplicar una u otra, en atención a la justicia del caso concreto (Art. 6).

Para aquellos casos en que una misma relación jurídica deba ser regulada por ordenamientos jurídicos distintos, el proyecto ordena la aplicación armónica de los mismos (Art. 7). Al consagrar la figura de la adaptación, se identifica con la más reciente tendencia en Derecho Internacional Privado de adoptar soluciones congruentes que permiten lograr la solución equitativa del caso concreto.

La cláusula de orden público internacional (Art. 8), tiene carácter restrictivo, de excepción, con lo cual se busca reducir la aplicación de este mecanismo a los casos en que la aplicación del derecho extranjero produciría resultados manifiestamente incompatibles con los principios esenciales del orden público venezolano. Con esto se impide el uso abusivo de esta institución negativa y se evita el rechazo innecesario del Derecho extranjero normalmente aplicable.

También el rechazo del Derecho extranjero, cuando establezca instituciones o procedimientos desconocidos, se regula en forma restringida, ya que si el Derecho venezolano contempla instituciones o procedimientos análogos, no se podrá negar la aplicación del mismo (Art. 9). Por último, se ordena la aplicación necesaria de las disposiciones imperativas venezolanas (Art. 10).

La Ley dedica todo el Capítulo II a la regulación del domicilio, el cual adquiere gran importancia al ser adoptado como factor de conexión personal. Se incluye una calificación autónoma del mismo, considerado en forma general. De acuerdo con esta disposición, el domicilio de una persona esta determinado por el territorio del Estado donde tiene su residencia habitual (Art. 11). Asimismo, se califica una serie de domicilios especiales: domicilio de la mujer casada (Art. 12), de los menores e incapaces (Art. 13), funcionarios públicos (Art. 14). Estas calificaciones resultan de gran importancia, en la medida en que garantizan la correcta interpretación del nuevo factor de conexión y, por consiguiente, su adecuada aplicación.

Por último, se establece el alcance de estas calificaciones, las cuales se aplican en todos los casos en que el domicilio constituye un medio para determinar el Derecho o la jurisdicción aplicables (Art. 15).

El capítulo III, titulado "De las personas", contiene una norma que somete la existencia, estado y capacidad de las personas al Derecho de su domicilio (Art. 16). Con esta norma, se abandona la nacionalidad como factor de conexión personal, el cual está divorciado de la realidad venezolana, para adoptar un factor de conexión mucho mas adecuado a las necesidades de los países americanos. Esto se refleja en el hecho de que, salvo Cuba, Haití y República Dominicana, todos los demás Estados americanos acogen el domicilio como factor de conexión personal.

La existencia, capacidad y funcionamiento de las personas jurídicas se someten a la ley del lugar de su constitución y deja previamente establecido qué se entiende por "lugar de constitución", lo cual facilita la uniforme aplicación de la norma (Art. 20).

En el capítulo IV, titulado "De la familia", se incluyen normas de conflicto que determinan el Derecho aplicable a las diversas relaciones en materia de Derecho de familia.

La capacidad para contraer matrimonio y los requisitos de fondo del mismo se rigen por la ley del domicilio de cada uno de los contrayentes (Art. 21). Los efectos personales y patrimoniales del matrimonio quedan sometidos al Derecho del domicilio común de los cónyuges o, en su defecto, al del último domicilio común (Art. 22). Esta unificación de los efectos matrimoniales, en lo que al Derecho aplicable se refiere, responde a los cambios en esta materia a favor de la protección de la mujer.

El mismo artículo incluye una disposición, muy novedosa, en materia de capitulaciones matrimoniales, validamente celebradas en el extranjero. Esta norma permite su registro en cualquier momento en aquellos casos en que se pretenda que produzcan efectos respecto a terceras personas, de buena fe, sobre bienes inmuebles situados en Venezuela. Se podría preguntar a que se debe este cambio, ya que en Venezuela los requisitos temporales y el aspecto registral de las capitulaciones matrimoniales tienen carácter de normas imperativas. Efectivamente, frecuentes planteamientos prácticos, que hasta ahora no han podido ser solucionados, determinaron la inclusión de esta disposición.

El divorcio y la separación de cuerpos se someten al Derecho del domicilio del cónyuge que intenta la demanda, solución que se adopta en virtud de su identificación con la realidad del país (Art. 23). A esta solución se le critica "la invitación" para elegir el Derecho aplicable en fraude a la ley, ya que basta con domiciliarse en un Estado que prevé una regulación más favorable, para que sea ésta la que se aplique. Sin embargo, la posibilidad de un cambio de domicilio en fraude a la ley queda disminuida al establecerse que dicho cambio solo produce efectos después de un año de haberse efectuado.

Las disposiciones referentes a la filiación (Art. 24), la adopción (Art. 25), la tutela y las demás instituciones de protección de incapaces (Art. 26) tienen como norte el bien superior del niño, principio fundamental consagrado en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, ratificada por Venezuela en 1990, y de las convenciones de La Haya e Interamericanas sobre la materia (16). Es interesante observar que las regulaciones incluyen el estatuto autónomo del niño, que es la ley de su domicilio, solución frecuente en las más recientes legislaciones comparadas que coadyuvan a las decisiones equitativas en materia de menores.

El capítulo V (Arts. 27 y 28) esta referido a los bienes cuyas regulaciones, aún cuando podrían considerarse escuetas, resultan satisfactorias por cuanto se mantienen fiel al principio lex rei sitae. Asimismo, consagra la solución de los conflictos móviles en materia de bienes muebles.

El capítulo VI contiene las disposiciones sobre obligaciones. Se destaca la aplicación del principio de la autonomía de la voluntad, sin limitación alguna, para la determinación del derecho aplicable; y, a falta de ella, se prevé la aplicación de la ley con la cual estén más directamente vinculadas dichas obligaciones. La introducción del vínculo más estrecho, como factor de conexión contractual, adapta el ordenamiento jurídico interno a las soluciones contempladas en la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, ratificada por Venezuela en 1995, y corresponde a la tendencia flexibilizadora del Derecho Internacional Privado.

De particular importancia resulta la norma contenida en el artículo 31, al consagrar la aplicación de las normas, costumbres y principios del Derecho Comercial Internacional, así como los usos y prácticas comerciales de general aceptación. Esta disposición es de idéntica redacción a la del artículo 10 de la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, con lo cual, se adapta la legislación interna a este Convenio vigente en Venezuela (17).

El Capítulo VII incluye la normativa referente a las sucesiones, las cuales se someten a la ley del domicilio del causante (Art. 34), y consagra la legítima regida por la ley venezolana a través de una norma de carácter imperativo (Art. 35).

Otra disposición en materia sucesoral se refiere a la bona vacantia: en el caso de que los bienes de la sucesión correspondan al Estado, o cuando no existan o se ignoren los herederos, los bienes situados en la República pasarán al patrimonio de la Nación venezolana.

El Capítulo VIII regula el Derecho aplicable a la forma de los actos jurídicos (Art. 37), a través de tres factores de conexión aplicables en forma facultativa. El primero de ellos, corresponde a la regla locus regit actum, el segundo somete la forma de los actos a la ley que rige el contenido del acto y el tercero, al domicilio del otorgante o domicilio común de sus otorgantes. Con ello se prevé una solución novedosa que ha tenido considerable relevancia en el Derecho comparado (18). Con regulaciones como estas, al flexibilizarse el criterio para determinar el derecho aplicable a la forma de los actos y ampliar las posibilidades con factores de conexión aplicables en forma facultativa, se favorece la validez del mismo.

El artículo 38 introduce un importante elemento procesal: los medios de prueba, su eficacia y la determinación de la carga de la prueba se rigen por el Derecho del proceso, haciendo excepción a la sustanciación que se ajustará al Derecho del tribunal o funcionario ante el cual se efectúa. Este artículo reitera el principio general del Derecho Procesal Internacional que consiste en someter el proceso a la ley del tribunal ante el cual se desarrolla, salvo algunas excepciones en materia de actos de mero trámite y de sustanciación de pruebas.

Los capítulos IX, X y XI se refieren al Derecho Procesal Internacional y en ellos destacan los criterios atributivos de la jurisdicción en materia de acciones de contenido patrimonial (Arts. 40 y 41) y estado y relaciones familiares (Art. 42). Es importante subrayar que el término competencia procesal internacional se sustituye por el de jurisdicción para evitar confusiones con la competencia interna.

Las normas sobre jurisdicción (Arts. 39 al 47) completan y, en parte, modifican las reglas del Código de Procedimiento Civil que resultan insuficientes o discutibles.

En los artículos 44 al 46 se regula la sumisión expresa y tácita, criterio atributivo de jurisdicción que se consagra para las acciones de contenido patrimonial (Art. 40) y las acciones sobre estado de las personas y las relaciones familiares (Art. 42, ord. 2). El artículo 47 rechaza expresamente toda posibilidad de sumisión a favor de tribunales extranjeros o árbitros que resuelvan en el extranjero, en los casos en que los tribunales venezolanos tengan jurisdicción exclusiva por tratarse de controversias relativas a derechos reales sobre bienes inmuebles situados en Venezuela, o sobre materia en la cual no cabe transacción o vayan en contra de los principios esenciales del orden público, con lo cual se modifica y se completa el artículo 2 del Código de Procedimiento Civil, que en muchas ocasiones ha sido causa de confusiones y de dificultades interpretativas. Cabe observar que, en relación con este artículo, ya se ha producido importante jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.

Asimismo, resulta muy conveniente la regulación de la competencia interna en función de los criterios establecidos para determinar la competencia procesal internacional (Arts. 48 al 52).

Las normas que enumeran los requisitos de fondo y de forma para la eficacia extraterritorial de las sentencias extranjeras, (Arts. 53 al 55), establecen criterios tradicionales en esta materia, revisados y actualizados, sin referirse al procedimiento respectivo para cuya regulación deberán aplicarse las normas del Código de Procedimiento Civil (Arts. 852 al 858). Destaca en esta materia la ausencia del requisito de reciprocidad, tantas veces criticado por la doctrina venezolana y de la mención especial del orden público internacional; la Corte Suprema de Justicia, en varias decisiones de exequátur, ha aplicado la norma general referente al orden público (Art. 8 de la Ley). Igualmente se regula la eficacia parcial de una sentencia extranjera (Art. 54) (19).

La falta de jurisdicción del juez venezolano respecto al juez extranjero se regula en forma amplia: "...se declarará de oficio, o a solicitud de parte, en cualquier estado y grado del proceso" (Art. 57). La litispendencia internacional (Art. 58) se considera procedente sólo en los casos en que los tribunales venezolanos no tengan jurisdicción exclusiva.

Las disposiciones finales del capítulo XII contienen sólo dos disposiciones (Arts. 63 y 64) una, referida de manera general a las necesarias derogatorias que la promulgación de esta ley ocasionaría y la otra prevé una vacatio legis de seis meses que permitió la más amplia divulgación de este instrumento y sus novedosas soluciones, antes de su entrada en vigor (6 de febrero de 1999).

IV.- Conclusiones.

Analizado el contenido de la Ley y su relación con el Derecho venezolano vigente, se concluye:

1.- La Ley de Derecho Internacional Privado responde a las recientes tendencias en esta materia: autonomía legislativa, la regulación de las instituciones generales, así como las soluciones marco en materia de Derecho Civil y Procesal Internacional.

2.- Sus disposiciones corrigen las contradicciones, confusiones e imprecisiones del sistema venezolano de Derecho Internacional Privado actual, especialmente a través del cambio del factor de conexión personal, causante principal del "hibridismo antagónico" de nuestro sistema.

3.- La Ley ajusta la legislación venezolana a la realidad social del país, particularmente, en el ámbito del Derecho Civil Internacional y Procesal Internacional.

4.- Adapta las soluciones del derecho interno a las contenidas en las Convenciones de la Haya, de las Naciones Unidas y de las Interamericanas ratificadas por Venezuela.

5.- Sus soluciones responden a la concepción actual de la materia que persigue, como objetivo fundamental, la justicia material de cada caso.

6.- Su promulgación coloca a Venezuela, en materia de Derecho Internacional Privado, en la condición de pionero en el continente americano al disponer de una legislación interna, especial y autónoma.

Caracas Noviembre 1999.