Señala Aguilar Gorrondona que tradicionalmente se decía en sentido amplio que la guarda , comprendía todos los derechos y poderes del padre sobre la persona del hijo, excepción hecha del poder de corrección que se solía considerar separadamente con anterioridad a la reforma del CC de 1.982. (Aguilar Gorrondona, José Luis : Derecho Civil Personas. Caracas, UCAB, 12ª edic., 1.995, p. 225).

Por su parte , Alberto La Roche, indica que la guarda, siendo una derivación del ejercicio de la patria potestad abarca todas aquellas potestades de carácter material y jurídico que los padres han de ejercer, siempre en interés y beneficio de los hijos sometidos a la institución. (La Roche, Alberto José: Derecho Civil I. Maracaibo, Edit Metas CA, 2a Edic., 1.984, p. 108).

"La guarda comprende todas las facultades y deberes paternos que requiere la adecuada protección de la persona física y moral del hijo. Salvedad: facultad de celebrar actos jurídicos válidos en nombre del hijo" (Zerpa, Levis Ignacio: Derecho Civil I. Caracas, Universidad Central de Venezuela , Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas , Escuela de Derecho, 1.987,p. 135). Esta salvedad que indica el autor se justifica en razón de que esta última facultad forma parte del poder de representación , el cual es diferente a la institución en estudio, así como el de administración de los bienes del menor.

La LOPNA indica en su art. 358: "La Guarda comprende la custodia, la asistencia material, la vigilancia y la orientación moral y educativa de los hijos, así como la facultad de imponer correcciones adecuadas a su edad y desarrollo físico y mental. Para su ejercicio se requiere el contacto directo con los hijos y, por tanto faculta para decidir acerca del lugar de la residencia o habitación de éstos.".

2.- Contenido.

2.1.- Alimentación.

Constituye un derecho natural de todo hijo, consagrado en el artículo 282 del Código Civil , el cual señala: "El padre y la madre están obligados a mantener, educar e instruir a sus hijos menores. Estas obligaciones subsisten para con los hijos mayores de edad, siempre que éstos se encuentren impedidos para atender por sí mismos a la satisfacción de sus necesidades." El art. 365 de la LOPNA alude al contenido de la obligación alimentaria al indicar que comprende todo lo relativo al sustento, vestido, habitación, educación, cultura, asistencia y atención médica, medicinas, recreación y deportes. El art. 27 de la Convención de los Derechos del Niño igualmente aluden a esta responsabilidad primordial de los padres.

En efecto, en el derecho venezolano la perpetuidad y reciprocidad de la obligación de alimentos se desprende del último párrafo del artículo 282 del Código Civil, así como del artículo 284 eiusdem. Y podríamos pensar en consecuencia que ello es diferente al deber de alimentación que tienen los padres respecto de sus menores hijos.

En consecuencia, independientemente de que logremos distinguir entre la obligación de alimentos y el deber de los padres de alimentar a sus hijos menores, es necesario concluir que dicho deber, en efecto, es independiente de la atribución de la guarda e inclusive de la patria potestad, pues no está excento de dicha obligación quien este privado de ésta última. Esto lo confirma, el art. 366 de la LOPNA.

Obsérvese que algunos autores (Aguilar Gorrondona, ob. cit., p. 199; Zerpa, ob. cit., p. 135) se refieren a que la guarda supone lo relativo a "decidir lo relativo a su alimentación, salud física y psíquica, vestidos y hábitos de vida en general". Pues bien, una cosa es decidir la forma de realizar la alimentación en sentido amplio y otra distinta es que el padre guardador asume el deber de alimentación: ciertamente, el primer aspecto, es el que implica un atributo de la guarda. - Subrayado nuestro.

Así pues, ambos padres tiene la obligación de alimentar a sus hijos menores, pero el padre que detenta la guarda será quien decidirá lo relativo a la forma de administración de tales recursos. Por ejemplo, quien tiene la guarda podrá decidir el tipo de comida, ropa y recreación que ha de consumir el menor.

2.2.- Convivencia.

El cumplimento de este deber tiene lugar, en principio, teniendo al menor en compañía de sus padres, en el hogar donde estos habitan. No obstante la doctrina ha indicado que no se incumplen las obligaciones relativas a la guarda, si el menor no habita con el padre guardador.

La duda ya parece haber sido resuelta por la redacción del art. 358 de la LOPNA que indica, no obstante señalar que el ejercicio de la guarda requiere el contacto directo con los hijos, la misma confiere facultad para decidir acerca del lugar de residencia o habitación del menor. Ello es lógico, pues el no habitar con el menor no implica por sí solo incumplimiento de las obligaciones paternas; contrariamente, se puede habitar bajo el mismo techo y sin embargo existir abandono.

Castán Vazquez, señala finalmente en torno a este aspecto, que lo padres tienen el derecho de reclamar al hijo, tanto en el supuesto de que éste abandone su casa como en el supuesto de que el menor sea ilícitamente retenido por un tercero, lo cual no ocurre en caso del menor que ingrese al ejército o es adoptado. Refiere Lourdes Wills, en este sentido que el Juez de menores, ante el caso de alejamiento voluntario puede tomar las medidas que considere convenientes, así como en caso de retención ilícita de un tercero. No es partidaria la referida autora, a diferencia de Domínici, de la intervención de la fuerza pública en el caso de abandono voluntario del menor por cuanto la misma sería reveladora de una situación anormal en el seno familiar , correspondiente al Juez competente. ( Wills, ob. cit., pp. 39 y 40). El padre tampoco podrá hacer retornar al menor a su hogar si éste ha sido impuesto de algunas de las medidas de protección o rehabilitación previstas en la ley.

El derecho de visita tiene su fundamento en el derecho de todo menor de relacionarse con su padre, de una manera estrecha y afectiva. Este derecho a pesar de su nombre, no se limita a acudir a la residencia del menor, tal como lo prevé el art. 386 de la LOPNA. Tiene como fundamento igualmente el art. 75 de la Constitución y el num. 3 del art. 9 de la Convención de los Derechos del Niño.

Véase en este sentido: AMCSFM1, Sent. 10-8-94, JRG, T. 131, pp. 110-112: El derecho a visitar no se limita a acudir a la residencia de la persona con quien vive el menor para verlo allí, sino que este derecho se refiere a la oportunidad de compartir y comunicarse ambos ampliamente...

Para algunos la violación del derecho de visita debe ser sancionada: Véase: Ballarín, Silvana y Graciela Iglesias: Sanciones Ante el incumplimiento del Régimen de visitas. En: XVI Jornadas de Derecho Civil, Buenos Aires, 1.997. Internet: http: //jornada-civil.org/ponencias/co11p08.html. Además de la indemnización las autoras plantean la privación de la patria potestad. Posición que Aguilar crítica de una sentencia del 7-2-74, que revocó la guarda a la madre por privarle al padre el derecho de visita; para el autor debe prevalecer el interés del menor y no la sanción al otro padre. (Aguilar Gorrondona, ob. cit., p. 197). En efecto, la atribución de la guarda no debe quedar supeditada a las desavenencias de los padres sino al interés superior del menor.

2.3.- Educación.

Al igual que los demás es un poder-deber de derecho natural. En el caso venezolano consagrado en los señalados artículos 37 y 265 de la Ley Tutelar de Menores y del Código Civil , respectivamente. La LOPNA en su art. 358 refiere dentro del contenido de la guarda, la orientación educativa. El art. 29 de la Convención de los Derechos del Niño indica en este sentido, en su ord. 1, letra a) que la educación deberá estar encaminada a desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades.

A grandes rasgos, podemos indicar, que educar es propiciar el desarrollo de las facultades intelectuales y morales del menor.

" Según Kipp y Wolff << educación es la influencia psíquica (aunque se ejercite con ayuda de medios físicos ) con el fin de formar su carácter y espíritu >>. En la doctrina española de XIX Gómez de la Serna y Montalban escribían que << el deber de los padres relativamente a la educación de los hijos es instruirlos en la religión y moral, y dedicarlos a una ciencia o arte en que puedan librar su futura subisistencia y ser miembros útiles a la sociedad. Añade el autor: << la educación del hijo debe tender a prepararlo para una vida sana, física y moralmente, proporcionándole instrucción intelectual, orientación profesional y formación cívica>>." (Castán Vazquez, ob. cit., p. 200).

Veamos pues, como podemos desglosar el punto relativo a la educación:

2.3.1. - Educación Moral:

En innumerables circunstancias de la vida los padres cuentan con la oportunidad de indicar al menor que actos u omisiones que se desarrollan a su alrededor son correctos o perjudiciales. Ello se presenta en un sin fin de ocasiones - a veces en apariencia irrelevantes - , pero que a la larga se traducen en el mejor mensaje que se puede brindar al hijo.

Refiere en este sentido acertadamente García Pastor : "toda la vida de la familia es una fuente inagotable de educación pues los niños aprenden antes que nada por imitación, y aquí todos y cada uno de los comportamientos de sus padres y, en general, de las personas con las que conviven, son una fuente inigualable de modelos a imitar, adquiriendo por lo tanto, un relevante papel educativo". (García Pastor, ob. cit., p. 88).

Por otra parte, la doctrina ha hecho referencia a la facultad de los padres de controlar las amistades, lecturas y correspondencia de sus hijos.

"Puede estimarse que del deber de los padres de educar moralmente a los hijos proceden ciertos derechos de vigilancia que la doctrina reconoce, a veces, a aquéllos. Se habla , así, del derecho de los padres a vigilar las relaciones personales de los hijos, prohibiéndoles ver a determinadas personas. Habrá que ver en los casos concretos, sin embargo, si la prohibición constituye un acto objetivamente razonable y favorable para el menor, o en un abuso del derecho paterno. Creemos que será aceptable la prohibición que tienda a impedir al menor la realización de actos ilícitos, por ejemplo, la prohibición de relacionarse con delincuentes habituales o personas en estado peligroso; pero no no será la que persiga vedar al menor realizar un acto lícito que el padre no pueda legalmente impedir: por ejemplo, la prohibición de relacionarse con la persona con la que el menor pretenda contraer matrimonio." (Castán Vazquez, ob. cit., p. 203). Así pues, se presenta como una prohibición justificada que los padres no permitan a su hijo la amistad con un conocido delincuente, pero no así la amistad con otro menor, alegando que este es de color o de otra clase social, pues estas además de ser ciertamente discriminatorias e infundadas, se traducen en una prohibición carente de fundamento lógico y más bien perjudiciales para menor.

Se habla , así mismo, del derecho de los padres a vigilar las lecturas y correspondencia de los hijos. " (Castán Vazquez, ob. cit., p. 203).

Los padres pues, deben supervisar igualmente las lecturas de los menores a fin de controlar si éstas son acordes con su edad; así como deben iniciar al menor en ciertos temas según su desarrollo y propiciar lecturas y actividades educativas en este sentido, tales como temas sexuales (véase infra N° 2.3.6). Es obligación de los padres mantener las lecturas y películas de adultos alejadas del alcance de los niños.

Nos preguntamos: ¿ los padres realmente pueden interceptar la correspondencia del menor? En sentido afirmativo puede verse: Planiol y Ripert, ob. cit., p. 260; en la doctrina nacional, a Marín Echeverría, quien indica que los padres pueden interceptar y examinar su correspondencia, pues en tales casos no opera la inviolabilidad constitucional ( Marín Echeverría, ob. cit., p. 155).

En nuestra opinión el derecho de los padres de vigilar la correspondencia de sus hijos no puede extenderse a la posibilidad de interferir en la intimidad de éstos. Ciertos derechos esenciales del menor no pueden ser desconocidos en base a la autoridad paterna. Ello en virtud de que según el art. 63 de la Constitución "La correspondencia en todas sus formas es inviolable", este derecho constitucional así como muchos otros no puede desconocerse por el solo hecho de la minoridad.

Por otra parte, contamos con la Convención de los Derechos del Niño que expresamente indica en su art. 16, ord. 1, "ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio, su correspondencia, ni ataques ilegales a su honra o a su reputación."

La nueva LOPNA es más radical en su art. 66: "Todos los niños y adolescentes tienen derecho a la inviolabilidad de su hogar y de su correspondencia de conformidad con la ley.".

En consecuencia, el poder de vigilancia sobre la correspondencia del menor se limita , en nuestra opinión a controlar el remitente de la misma. Dicho control permite a los padres supervisar las relaciones del menor sin violentar derechos personalísimos de éste.

2.3.2.- Educación religiosa:

El padre que ejerce la guarda puede inculcar al menor ciertos principios de orden religioso, sin embargo, podrán presentarse problemas de orden práctico en el curso de la vida del menor.

Refiere Castán: "El derecho de los padres de dar educación religiosa puede originar diversos conflictos jurídicos. En principio, la doctrina suele señalar el derecho de los padres a escoger la religión del menor. Se discute en que edad podrá el hijo elegir por sí mismo su culto, si la Ley no determina expresamente, sugiriendo algunos autores la edad de catorce años, por ser la que supone discernimiento en los menores. Sin embargo, para el caso de que el hijo adujera sólo el ateísmo, se afirma que la decisión paterna de imponer una educación religiosa debe ser respetada hasta la mayoría de edad." (Castán Vazquez, ob. cit., p. 204).

Señala Lourdes Wills, que no existe una norma que imponga la religión católica como religión oficial sino que por tradición en las escuelas públicas venezolanas se imparte educación católica . Sin embargo, acorde con el principio constitucional relativo a la libertad de culto funcionan lícitamente en nuestro país numerosas escuelas privadas donde se imparte enseñanza religiosa correspondiente a otros credos. Por otra parte, no puede hablarse de incumplimiento de la obligación de educar si los padres se abstienen de solicitar que se les imparta enseñanza religiosa. (pp. 51-53).

Refiere Wills que sin embargo, los padres no están facultados para destruir en sus hijos, los sentimientos religiosos que posean y que les hayan sido comunicados por otras personas con beneplácito del hijo, pues tal conducta podría resultar atentatoria contra los derechos personalísimos del hijo ( Wills, ob. cit., p. 54). En el mismo sentido: Marín Echeverría: debe respetarse la vocación religiosa del menor según su discernimiento (Marín Echeverría, ob. cit., p. 156).

Sin embargo, agrega Wills, que no se resuelve en la legislación venezolana el problema de la religión que debe profesar el menor cuando sus padres pertenecen a credos diferentes (Wills, ob. cit., p. 53).

El problema de la divergencia de religiones de los padres no se encuentra resuelto por nuestro ordenamiento jurídico, y pretender una disposición al respecto resulta difícil: ello, porque desde el punto de vista práctico se presentarían inconvenientes. Lo ideal sería apelar a la consciencia de los padres, en el sentido de que logren entender que las diferencias religiosas pueden afectar el desarrollo del menor y éste no puede crecer ante dos creencias religiosas diferentes.

No obstante la divergencia en cuanto a la escogencia del colegio - en este caso por orientación religiosa - podría ser resuelta por el juez a través de una solicitud de modificación de guarda. A través de ésta, el padre que no ejerce la guarda pretende la variación de alguna decisión tomada por el padre guardador. (Véase infra N° 4).

2.3.3.- Educación Profesional.

El menor necesita una educación integral en distintos niveles. Los padres están pues obligados a dar educación a sus hijos. La duda se presenta respecto a la educación superior o profesional.

Señala la doctrina francesa que los padres deben escoger para sus hijos un género de instrucción que prepare a éstos al ejercicio de un oficio o profesión, naciendo de ese deber el derecho de poner al hijo en aprendizaje. El derecho argentino da a los padres el derecho de elegir la profesión del menor. En España, los hijos tienen derecho a obtener orientación profesional para su vida futura de trabajo y se considera que los padres cumplen tal obligación si llevan a sus hijos a tales centros . (Castán Vazquez, ob. cit., p. 206).

En este sentido, señala Wills, que no existe en nuestro ordenamiento jurídico, disposición que de manera expresa , obligue a los progenitores a proporcionar una educación profesional como ocurre en otros países, pero del análisis de nuestra normativa (Constitución, Código Civil, Ley Orgánica de Educación, Ley Tutelar de Menores) se desprende que la extensión de esa obligación viene dada en principio por la adquisición, por parte del hijo, de la capacidad para valerse por sí mismo y esto no es más que por haber obtenido una educación profesional que lo permita. (pp.47 y 48). Concluye la autora que los padres si están obligados a dar a sus hijos una educación profesional, pues no es otro el sentido del art. 80 de la Constitución cuando indica que la educación tendrá por finalidad crear ciudadanos aptos para la vida (p. 46). No obstante, al indicar la Ley que se debe considerar las aptitudes del educando está limitando las facultades del padre (Wills, ob. cit., p. 48).

Actualmente, vale citar en este sentido, el art. 28 de la Convención de los Derechos del Niño, que al referirse al derecho a la educación, en las letras b y c, alude a la enseñanza profesional y superior, respectivamente.

En efecto, los padres si disponen de medios económicos, deben completar la educación del hijo, mediante una profesión u oficio, para convertirlo en un ciudadano capaz de enfrentarse sólo a la vida y al mercado de trabajo. El poder paterno debe orientar la aptitud del menor y sí se quiere aconsejar a éste en el ámbito profesional , pero jamás debe escoger por el menor, éste debe guiarse por su vocación o en última instancia por su propia decisión. También es importante señalar que en nuestra opinión, educación profesional no es lo mismo que educación superior o universitaria, en el sentido, de que lo importante es facilitarle a los hijos un oficio o forma de trabajo que le permita valerse por sí mismo: tal forma puede consistir en una carrera universitaria, técnica o en un oficio. De todos es sabido, que muchos oficios son más lucrativos que ciertas carreras universitarias.

Véase en este sentido: DFMSC8, Sent. 28-4-83, JRG, T. 82 , p. 125 y 126: La obligación de los padres en cuanto a la atención económica del hijo para los alimentos y gastos educativos no cesa por el hecho de alcanzar la mayoridad.

2.3.4.- Educación física.

La educación física comprende el desarrollo de las aptitudes que tienen que ver con el cuerpo del menor. De allí la utilización de esta expresión en el ámbito educativo. Véase: art. 29, letra a) de la Convención de los Derechos del Niño.

Implica la práctica de actividades gimnásticas y deportivas acordes con las aptitudes y necesidades del educando, así como a la formación de hábitos higiénicos. (Wills, ob. cit., p. 48).

2.3.5.- Educación cívica.

2.3.6.- Educación sexual.

La LOPNA en su art. 358, repite el contenido del art. 265 del Código Civil al señalar que entre otras cosas la guarda comprende la facultad de imponer correcciones adecuadas a la edad y desarrollo físico del menor.

Naranjo Ochoa hace una diferencia entre corregir y sancionar, la primera es reprender, la segunda es castigar. En su opinión los padres tienen ambas (Naranjo Ochoa, Fabio: Derecho Civil Personas y Familia. Medellín, Librería Jurídica Sánchez R. LTDA, 7ª edic., 1996, p. 236). ¿ Hasta que punto los padres pueden ejercer tal poder? La autoridad de los padres se ejerce en protección del hijo y para su formación integral (Spota, ob. cit., p. 291). En este sentido indica la profesora Wills que las facultades concedidas a los progenitores en el artículo 264... no se dan en interés del padre sino en interés del hijo y como medio para que el padre pueda cumplir sus deberes de dirigir la persona del hijo. Es pues lo que se denomina un "oficio." (Wills, ob. cit., p. 34). En el mismo sentido: Reyna de Roche, Carmen Luisa: El Ejercicio Conjunto de la Patria Potestad, . En; Revista de Derecho Privado, N° 1-1, enero-marzo 1-983, pp. 152 y 153. Este interés del hijo es el que debe orientar el poder de corrección: nada que llegue a perjudicarlo puede ser alegado en su interés. Así refiere Hattenhauer que la autoridad del padre se basaba en su natural superioridad y en la presunción de su mayor experiencia la cual justificaba un instintivo deber de protección a los hijos que proprorcionaba más cargas que ventajas (Hattenhauer, Hans: Conceptos Fundamentales del Derecho Civil. Barcelona, edit. Ariel S.A., 1.987, p. 157).

¿Hasta que punto se podrá utilizar la fuerza o los castigos corporales en la educación del menor? Para Planiol y Ripert las costumbres son las únicas que reglamentan el ejercicio de este poder ( Planiol y Ripert, ob. cit., p. 260). En este sentido vale la orientación de la legislación argentina, según la cual el poder de corrección debe ser ejercido con "moderación" (Bossert, Gustavo y Eduardo Zannoni: Manual de Derecho de Familia. Buenos Aires, edit. Astrea, 3ª edic., 1.991, p. 540). En el mismo sentido en el derecho español: Lacruz Berdejo, José Luis y Francisco de Asis Sancho Rebullida: Derecho de Familia. Barcelona, José María Bosch Editor S.A., 3ª edic., 1.989, Vol. 2°, p. 249: Los padres podrán corregir razonable y moderadamente a los hijos. Indican los autores que en general puede afirmarse excesivo todo lo que ponga en peligro la salud y moralidad del hijo y lo que suponga privación de cosas necesarias. Su apreciación queda al arbitrio judicial (ibid.,p. 250). Spota se pronuncia en contra de los castigos corporales a pesar de ser moderados (Spota, ob. cit., p. 321); el autor agrega que las sanciones deben ser "pertinentes" ( ibid., p. 319). En efecto, la línea entre las sanciones corporales y el maltrato físico será en ocasiones muy cercana o difícil de precisar, razón por la cual, lo conveniente sería pronunciarse en términos generales, por su improcedencia. El aspecto de la pertinencia es importante pues la corrección fuera de lugar o a destiempo carecería de sentido y más bien sería contraproducente.

La guarda comprende como atributo esencial la educación del menor. La misma se presenta como el aspecto más importante en el desarrollo de la persona pues a través de ésta se forman los valores, sentimientos y conductas de cada ser humano. El progenitor que no ejerce la guarda, no obstante aunque en menor medida, debe ejercer igualmente funciones de orientación en la educación del menor y conserva el derecho y el deber de vigilar la misma.

La intervención del juez en una materia tal delicada debe verse con cautela porque existen ciertos ámbitos donde la ley se presenta ineficaz si no se cuenta con un sólido soporte de valores y consciencia orientada por el interés del menor.

Somos producto de las educación que recibimos: sólo un medio social y familiar de armonía puede ser capaz de crear padres que puedan transmitir a sus hijos una educación que los convierta en personas plenas y felices.

- ABOUHAMAD HOBAICA, Chibly: El Menor en el Mundo de su Ley. Colección Estudios Jurídicos N° 6. Caracas, edit. Jurídica Venezolana, 2ª edic., 1.979.

-AGUILAR GORRONDONA, José Luis : Derecho Civil Personas. Caracas, UCAB, 12ª edic., 1.995.

- BOSSERT, Gustavo y Eduardo Zannoni: Manual de Derecho de Familia. Buenos Aires, edit. Astrea, 3ª edic., 1.991.

-CASTÁN VAZQUEZ, J.M: La Patria Potestad. Madrid, Edit. Revista de Derecho Privado, 1.960, pp. 180-208.

- GARCÍA PASTOR, Milagros: La situación jurídica de los hijos cuyos padres no conviven: Aspectos personales. Madrid, McGraw-Hill, 1.997.

- HATTENHAUER, Hans: Conceptos Fundamentales del Derecho Civil. Barcelona, edit. Ariel S.A., 1.987.

- IRURETA ORTIZ, Yajaira. Derecho de Menores, Alimentos, Guarda y Custodia; Procedimientos. Caracas, 1.993.

- LACRUZ BERDEJO, José Luis y Francisco de Asis Sancho Rebullida: Derecho de Familia. Barcelona, José María Bosch Editor S.A., 3ª edic., 1.989, Vol. 2°.

-LA ROCHE, Alberto José: Derecho Civil I. Maracaibo, Edit Metas CA, 2a Edic., 1.984.

- LASSER, Alí: El Juicio de Privación de Guarda. En: Revista del Ministerio de Justicia, Caracas, Nº 31, 1.959.

- MARÍN ECHEVERRIA. Antonio Ramón: Derecho Civil I Personas. Venezuela, McGraw-Hill Interamericana de Venezuela, S.A., 1998.

- MONTOYA, César Augusto: Familia y Menores. Vivencias Jurídicas. Venezuela, Livrosca, 1.996.

-MORALES, Georgina: El Derecho del Hijo a relacionarse con su padre (mal llamado derecho de visitas). En: De los Menores a los Niños, una larga trayectoria. Caracas, UCV, Instituto de Derecho Privado, 1999, pp. 257-269.

- NARANJO OCHOA, Fabio: Derecho Civil Personas y Familia. Medellín, Librería Jurídica Sánchez R. LTDA, 7ª edic., 1996.

- PLANIOL, Marcel y Georges Ripert: Derecho Civil. México, edit. Pedagógica Iberoamericana, 1.996.

-REYNA DE ROCHE, Carmen Luisa: Patria Potestad y Matricentrismo en Venezuela ( Estudio de una disfuncionalidad). Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1.991.

- _____________________________ : El Ejercicio Conjunto de la Patria Potestad. En; Revista de Derecho Privado, N° 1-1, enero-marzo 1-983, pp. 145-174.

- SAN JUAN, Miriam: Familia, Potestades Parentales y Sistema Jurídico. Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1.991.

-SEVILLA, Heddy: La Familia y el Menor. Caracas, edit. Buchivacoa, 1.995, Tomo II.

-SPOTA, Alberto G.: Tratado de Derecho Civil. Buenos Aires, Ediciones Depalma, 1.990, Vol. 4, Parte Segunda.

- STILERMAN, Marta: Menores, Tenencia, Régimen de Visitas. Buenos Aires, edit. Universidad, 1.991.

- TORTOLEDO de SALAZAR y Francisco Salazar: El Derecho de Visitas Derechos de Menores. Valencia, Diario de Tribunales, 1.991.

- VIVAS de SERFATY, Suave: Introducción al Estudio de la Materia de Menores. Barquisimeto, s/e, 1.972.

- WILLS RIVERA, Lourdes: La Guarda del Menor Sometido a Patria Potestad. Caracas, Iniversidad Central de Venezuela, Instituto de Derecho Privado, 1.987.

-_____________________ : La guarda del menor sometido a patria potestad y la reforma del Código Civil. En: Revista de Derecho Privado. Caracas, 1.983, N° 1-1, pp. 187-229.

- ZERPA, Levis Ignacio: Derecho Civil I. Caracas, Universidad Central de Venezuela , Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas , Escuela de Derecho, 1.987.